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¿Hablamos?

    LA ABUSIVIDAD DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A OTROS PRODUCTOS

    Al día / 16 mayo, 2019

    Numerosas empresas, sobre todo bancos y otras entidades financieras, obligan a contratar distintos productos a la hora de otorgar préstamos o de financiar determinados productos o proyectos. Unos claros ejemplos son los seguros de vida que los bancos exigen para conceder una hipoteca o el seguro de pago que entidades financieras de crédito exigen para la concesión de tarjetas revolving.

    La cuestión es ¿estamos obligados a resignarnos y contratar dichos seguros?  La respuesta siempre es que no, pues la entidad no puede obligarnos a contratar productos que no deseemos.  La contratación de estos seguros debe ser siempre voluntaria ya que, según la legislación española, los mediadores de seguros y de reaseguros privados no pueden imponer directa o indirectamente la celebración de un contrato de seguro.

    Para luchar contra esta práctica abusiva, la nueva ley hipotecaria prohíbe expresamente las ventas vinculadas de productos financieros, entre los que se encuentran los seguros de vida vinculados a las hipotecas, obligando a las entidades financieras a presentar a sus clientes ofertas alternativas y permitir que, en el caso de los seguros, el consumidor pueda contratar la póliza por su cuenta, cumpliendo los requisitos establecidos por la entidad, y presentarla al banco.

    El problema es que nos encontramos ante una práctica que hasta ahora ha sido muy frecuente y siempre a costa del consumidor.

    El ejemplo más claro lo tenemos en el caso de las tarjetas revolving, pues casi la totalidad de los seguros vinculados a estas tarjetas cuentan con unas cuotas dependientes de la deuda vigente, haciendo todavía más difícil la amortización del capital dispuesto, pues cuanto mayor sea la deuda mayor será la cuota del seguro.

    Pongamos de ejemplo que tenemos un crédito de 5.000 euros vinculado a una tarjeta revolving contratado con Servicios Financieros Carrefour, E.F.C., con un tipo de interés del 2% mensual o un 24% anual (tipo de interés abusivo pero frecuente en este tipo de tarjetas de pago aplazado), y un seguro por el cual pagamos un 1% mensual de la deuda, un 12% anual. Para conseguir amortizar un mínimo de capital deberíamos de estar pagando más de 150 euros al mes, pues 100 euros corresponderían a la cuota mensual de los intereses, y 50 euros a la cuota del seguro.

    Como conclusión, nos encontramos ante contratos totalmente abusivos que vienen impuestos por una de las partes, sin dar oportunidad al consumidor de estudiar si el seguro «ofertado» es el que más le conviene o bien permitirle comparar los las condiciones o los precios con otras entidades, precio que, en la mayor parte de los casos, repercutirá en su contra.

     

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