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¿Hablamos?

    La Justicia falla a favor de los accionistas de Banco Popular

    Al día / 21 enero, 2020

    Hace ya más de dos años desde que Banco Popular se adjudicó al Banco Santander, por la irrisoria cantidad de 1 euro.

    Como bien es sabido, las consecuencias de la compra del Banco Popular fueron, además de la desaparición de un banco solvente, la ruina de más de 300.000 accionistas que invirtieron en la ampliación de capital del año 2016 y que vieron desaparecer sus inversiones en un abrir y cerrar de ojos.

    A día de hoy todavía existen muchos interrogantes sobre la actuación del Banco Santander y el más que posible fraude que cometieron al llevar a cabo esa operación.

    Teorías delictivas aparte, hemos incidir en que miles de españoles perdieron sus ahorros por invertir en acciones del Popular y que, a día de hoy, todavía no se han recuperado.

    Pero la Justicia se posiciona de nuevo a favor del consumidor

    Durante los últimos meses de 2019, los Juzgados de Primera Instancia de nuestro país han dado la razón a los demandantes del Banco Popular en sus diferentes sentencias.

    A este respecto, los tribunales coinciden en que existió falta de transparencia en la ampliación de capital del año 2016, lo que se tradujo en que los accionistas invirtieran su dinero sin saber a qué se iban a enfrentar.

    Buen ejemplo de ello es la reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Hospitalet de Llobregat, que estimó una demanda interpuesta por un inversor que adquirió acciones del Banco Popular en el mercado secundario en 2007.

    La falta de información y transparencia dan origen a esta sentencia. Así, la juez considera que han de indemnizarse los daños y perjuicios del demandante ya que la entidad bancaria mostró una imagen irreal de sí misma, una imagen externa de fortaleza que no se correspondía con la realidad.

    Así, la sentencia manifiesta que “la falta de prueba de una información eficiente y fiel por parte de la entidad financiera comporta un incumplimiento de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y su consecuencia no puede ser otra que la de la condena a la indemnización de los daños y perjuicios reclamada por la parte actora respecto de las acciones adquiridas en el mercado secundario, en aplicación tanto de la normativa sectorial mencionada como de la normativa reguladora de la responsabilidad contractual en el Código Civil”.

    De ello se desprende que los Juzgados y Tribunales españoles seguirán fallando a favor de los inversionistas, que guardan la esperanza de recuperar sus inversiones.

     

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